Buenos Aires, 9 septiembre (PV) – Un juez clausuró de inmediato el Pabellón 5 de la Alcaidía de General Pico y dejó al Gobierno de Sergio Ziliotto frente a un cuadro carcelario extremo: había 76 detenidos para apenas 39 camas, celdas sin inodoros, desbordes cloacales, ratas, insectos, filtraciones y cortes de agua potable durante la noche. La resolución hizo lugar a un hábeas corpus correctivo colectivo presentado por la Defensa Pública.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el juez de Ejecución Penal Jorge Mauricio Pascual consideró acreditadas condiciones que excedían el límite tolerable para personas bajo custodia estatal. El relevamiento incorporado al expediente fue realizado el 4 de septiembre y la decisión se conoció el 7, dentro de la ventana analizada.
La cuenta más grave surgió del propio establecimiento: 47 condenados y 29 procesados con prisión preventiva, mezclados en una dependencia que disponía de 39 camas o tarimas habilitadas. La diferencia dejó a 37 personas sin cama individual. Algunos detenidos dormían directamente sobre el piso de cemento o utilizaban colchones deteriorados.
El Pabellón 5 había sido concebido como sector de aislamiento, pero terminó siendo usado para alojamiento colectivo. En una celda se encontraron hasta nueve internos y en otra siete.
Las inspecciones también registraron falta de ventilación y luz natural, humedad, filtraciones y sanitarios insuficientes. Ante la ausencia de inodoros, algunos detenidos debían hacer sus necesidades en baldes o sobre un hueco conectado con la cloaca.
El expediente describió además aguas servidas, moscas, cucarachas y ratas, junto con restricciones para acceder a jabón, papel higiénico, ropa de cama y lavado de prendas. Algunos internos permanecían encerrados entre 22 y 23 horas diarias.
No se trató de una denuncia partidaria: la prueba fue aportada por defensores oficiales y evaluada por un magistrado que ordenó medidas concretas.
La resolución alcanzó directamente al Ministerio de Seguridad y Justicia provincial. El juez lo intimó a entregar camas, colchones y sábanas, reparar redes sanitarias, desobstruir cloacas, desinfectar el edificio y restablecer el suministro ininterrumpido de agua potable durante la noche. También dispuso la reubicación de quienes ocupaban el pabellón clausurado.
El fallo recordó otro antecedente incómodo para la gestión de Ziliotto: la Provincia había licitado en 2024 la ampliación y refacción de la Alcaidía con un plazo de ejecución de 180 días. Ese período estaba holgadamente vencido cuando se resolvió el hábeas corpus y el expediente no tenía constancia de que las obras estuvieran concluidas.
La observación conecta las condiciones comprobadas con una respuesta de infraestructura que no llegó a quedar acreditada a tiempo.
La privación de libertad no habilita al Estado a someter a una persona a condiciones degradantes. El juez fundó su decisión en la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y estándares interamericanos sobre agua, cama individual y servicios sanitarios.
La responsabilidad política recae sobre el Ejecutivo porque el alojamiento y los recursos materiales dependen de la administración provincial, aunque la clausura haya sido decidida por un poder independiente.
Agencia NA