Buenos Aires, 20 agosto (PV) – Un grupo de familias se movilizó frente a la Casa de Gobierno de La Pampa para denunciar expedientes de revinculación paralizados y cuestionar la actuación de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, el organismo que depende de la administración de Sergio Ziliotto.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la concentración comenzó a las 8 del martes 18 en los jardines del Centro Cívico de Santa Rosa y continuó con una caminata hasta el Centro Judicial. Los manifestantes reclamaron por medidas excepcionales que separaron a niñas y niños de sus hogares de origen.
Las familias atribuyeron al organismo provincial trabas administrativas, falta de coordinación con defensorías y restricciones que, según su versión, también cortaron el contacto con abuelos, tíos y otros integrantes del núcleo afectivo. Los planteos corresponden a quienes participaron de la protesta y no constituyen por sí solos una comprobación de irregularidades en cada expediente.
Entre los casos expuestos hubo referencias a un niño con discapacidad apartado de su madre durante más de un año. Esta nota omite nombres y detalles que permitan identificarlo porque se trata de actuaciones de protección que involucran a una persona menor de edad.
La Dirección General está encabezada por Rodrigo Lofvall y funciona dentro de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Juan Pablo Bonino. Ambas áreas integran el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos que conduce Diego Álvarez, bajo la órbita directa del Poder Ejecutivo de Ziliotto.
La Ley provincial 2703 asigna a la autoridad administrativa el diseño, la ejecución y la coordinación de las políticas de protección. También establece que las unidades de intervención deben promover alternativas para evitar la separación de niñas y niños de su familia, siempre que esas opciones sean compatibles con la protección de sus derechos.
Las medidas excepcionales no dependen únicamente de una decisión política general: se adoptan ante situaciones particulares, deben estar fundadas y cuentan con control judicial. Esa reserva impide afirmar que todo apartamiento sea arbitrario, pero no elimina la obligación administrativa de tramitar los expedientes, coordinar organismos y documentar cada intervención.
El reclamo no fue aislado. En junio ya se habían realizado manifestaciones similares frente a dependencias de Niñez por falta de información y obstáculos en las revinculaciones. La protesta del 18 de agosto trasladó nuevamente esas acusaciones al frente de la Casa de Gobierno y luego al Poder Judicial.
La movilización terminó en el Centro Judicial de Santa Rosa. No se informó una resolución general que declarara irregular al organismo provincial; cada denuncia quedó vinculada a expedientes individuales y bajo las reglas de confidencialidad que protegen a niñas, niños y adolescentes.
Agencia NA