El juez federal de Venado Tuerto ratificó un amparo de 2025 y dispuso que la Nación repare ?en forma inmediata e integral? las rutas nacionales 7, 8 y 33.
Pese a que el Gobierno urdió en las últimas semanas un mecanismo para traspasar la jurisdicción de rutas nacionales a las provincias de Santa Fe y San Juan frente al reclamo de los distritos por el deterioro en sus trazados, ahora la Justicia le ordenó al Ejecutivo que repare «en forma inmediata e integral» las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento santafesino de General López aunque las mismas hayan sido concesionadas. En uno de los tramos de la 33, que enlaza Rosario con Bahía Blanca, los accidentes crecieron un 30%, aseguró a Clarín el intendente de Venado Tuerto y titular de la UCR, Leonel Chiarella.
Justamente la resolución, que deja firme el amparo presentado en 2025 por la senadora nacional Leticia Di Gregorio (UCR), fue rubricada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, que rechazó las argumentaciones de Corredores Viales y el ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger para no hacerse cargo de las obras. Por eso intimó a Vialidad Nacional a cumplir el fallo. La intervención judicial se produjo en momentos en que el Gobierno está siendo cuestionado por la parálisis en la obra pública y por el uso que le da al SisVial, un fideicomiso que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. Es que hay miles de millones de pesos que han sido utilizado por el Tesoro para financiarse en lugar del destino previsto.
El propio vocero presidencial Adrián Ravier dijo que se ha usado ese dinero para ?lograr el equilibrio fiscal? aunque en medio de duras críticas, ayer intentó matizar esa aseveración aduciendo que también se utilizarían «para el bacheo» de esas arterias. Esta situación llevó a la diputada Victoria Tolosa Paz a denunciar al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, responsable del fideicomiso, por presunta malversación de caudales públicos. Previamente, Tolosa Paz había presentado un amparo ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata para que se garanticen las obras en el tramo bonaerense de las rutas 3 y 5. «La plata de las rutas tiene que volver a las rutas. No a la timba de Caputo», disparó la ex ministra.
Fue la Justicia santafesina la que casualmente este martes dejó firme el amparo presentado por la senadora radical. «El año pasado este mismo juez nos había dado una cautelar, para hacer un bacheo sobre las tres zonas más peligrosas. Pero Vialidad no terminó de completar esas obras porque ?no había plata? y recién ahora sale el fallo del amparo. Si bien el Gobierno puede apelar, tendrá que hacerlas porque es una medida definitiva», destacó a este diario Di Gregorio.
El magistrado acusó a las firmas estatales mencionadas de haber incurrido en una «omisión prolongada de tareas de mantenimiento y conservación tendientes a dar transitabilidad plena a las rutas bajo examen ha sido con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas». La legisladora explicó que estas tres rutas pasan por el sur provincial. Y no observó contradicciones con el acuerdo firmado hace semanas por el gobernador Maxi Pullaro en Casa Rosada.
Desde 2025 llueven los reclamos de algunas jurisdicciones por los pozos y ondulaciones de rutas que no sólo han multiplicado los accidentes sino que complican la logística del campo y otros sectores fuertes en la exportación de materias primas. «En la ruta 33 hay un gran deterioro y da miedo. Muchos usan rutas provinciales por temor. Pero por ahí pasa el 70% de la producción. Por eso es importante que el juez haya dictaminado que las concesiones no frenan la obligación de Vialidad de realizar el mantenimiento», indicó Chiarella.
La oposición criticó duramente al Gobierno por no destinar los recursos del SisVial a las rutas (ver aparte). El gobierno de Milei recaudó más de 1,1 billón de pesos en el fideicomiso creado para obras viales, pero solo aplicó la cuarta parte a ese destino. Para fines de mayo pasado mantenía más de $ 1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos.
Fuente: Clarín