En su edición de julio, Foreign Affairs publicó un ensayo llamado a ordenar el debate económico global. Su autor, Jake Sullivan, no es un heterodoxo de la periferia: fue asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y su tesis es contundente. Para no ceder su primacía tecnológica frente a China, Estados Unidos debe reconstruir su base productiva mediante un Fondo de Inversión Estratégica de carácter estatal, capitalizado inicialmente en US$ 50.000 millones. El corazón mismo del capitalismo de mercado vuelve a mirar al Estado como inversor.
Cuando el mercado no alcanzaEl argumento se apoya en un diagnóstico que la teoría económica conoce hace tiempo: los mercados de capitales están optimizados para la eficiencia, no para la resiliencia ni para la seguridad. Sullivan enumera tres fallas. Los sectores estratégicos —semiconductores, energía nuclear, refinación de minerales críticos— exigen horizontes de maduración de décadas que el capital privado no financia por sí solo. Existe, además, un vacío en la etapa de escalamiento, ese tramo entre el capital de riesgo y los mercados públicos donde una tecnología debe pasar del prototipo a la producción en serie. Y el mercado no remunera las externalidades positivas —el aprendizaje, las redes de proveedores, las capacidades de ingeniería— que un proyecto derrama sobre todo el entramado productivo. Donde el Estado aporta certidumbre, con contratos de compra a largo plazo, reglas estables y garantías, el capital privado aparece.
El debate está lejos de ser exclusivamente teórico. Estados Unidos lleva años reforzando su política industrial para competir con China, especialmente en áreas estratégicas como los semiconductores. El Economista ya analizó la ofensiva industrial de Washington frente al avance chino y, más recientemente, cómo China convirtió la política industrial en una herramienta central de su desarrollo tecnológico y manufacturero.
Hay una idea todavía más profunda. La innovación depende de la proximidad entre el diseño y la producción. Cuando la manufactura se deslocaliza, se rompe la retroalimentación entre los ingenieros y la planta, y la propia capacidad de inventar se degrada. Separar la innovación de la producción tiene un costo que hoy resulta demasiado alto para ignorar.
Una tradición, no una excentricidadNada de esto es nuevo. Sullivan recuerda que, desde el Informe sobre Manufacturas de Alexander Hamilton de 1791, Estados Unidos trató al crédito público como instrumento de soberanía. La Reconstruction Finance Corporation sostuvo la industria durante la Depresión y la guerra; DARPA, la NASA y las compras públicas de semiconductores incubaron el ecosistema tecnológico que ese país todavía domina.
La misma lógica atraviesa la mejor teoría económica del último siglo: de las manufacturas incipientes de Friedrich List a los rendimientos crecientes de Nicholas Kaldor, de los encadenamientos productivos de Albert Hirschman a la política industrial contemporánea de Dani Rodrik, Ha-Joon Chang y Mariana Mazzucato. El Estado que invierte y orienta no es una anomalía ideológica: es la historia real de cómo se construyeron las potencias industriales.
El contraste argentinoEl contrapunto con la Argentina resulta inevitable. Mientras Washington discute cómo reconstruir su Estado inversor, aquí se lo desmantela con orgullo. Los gastos de capital se derrumban, la obra pública cae y la industria mantiene cerca del 40% de su capacidad instalada ociosa. El deterioro de la inversión pública ya fue analizado en El Economista: el gasto de capital representa apenas 1,57% del presupuesto nacional y la inversión en infraestructura permanece en niveles históricamente bajos. A su vez, la capacidad ociosa de las fábricas argentinas ronda el 40%.
Cada decisión de achicar parece razonable en el corto plazo; su suma erosiona el conocimiento de proceso, la red de proveedores y la ingeniería que, una vez perdidos, son extraordinariamente difíciles de reconstruir. Es la misma advertencia que Sullivan formula sobre el ecosistema estadounidense, aplicada a un país que la ignora.
El problema no es la búsqueda de equilibrio fiscal, necesaria e impostergable. El problema es la calidad del ajuste. Cuando el recorte se concentra en la inversión pública que apalanca a la privada, no se estabiliza para crecer: se estabiliza para achicar. La protección de la inversión —la que sostiene infraestructura, energía y capacidades productivas— no es el primer gasto a sacrificar, sino el activo a preservar. El Economista ya planteó esta discusión al analizar cómo el superávit fiscal puede convivir con un fuerte deterioro de la inversión pública.
Importar lo peor, descartar lo mejorLa paradoja se vuelve dramática. En materia de reglas fiscales, se copia con entusiasmo el mecanismo de cierre del Estado —el shutdown—, que en Estados Unidos es una excepción disfuncional y no un modelo a emular. El Gobierno trabaja precisamente en un «shutdown» argentino inspirado en el sistema estadounidense para impedir que el Estado continúe gastando una vez agotadas las partidas presupuestarias.
En materia de estrategia productiva, en cambio, se descarta justamente lo que Estados Unidos propone rescatar: el fondo estratégico, la compra pública que crea demanda y la coordinación entre inversión, aranceles selectivos y regulación. Se toma la parte que destruye capacidad estatal y se rechaza la que la construye.
La lecciónEl ensayo deja una enseñanza que trasciende el caso norteamericano: estabilizar no es desarrollar, y el desafío real es convertir el capital en capacidad. Los países que hoy compiten en la frontera tecnológica no lo hacen abandonando a sus industrias al veredicto exclusivo del mercado, sino alineando el financiamiento con una estrategia nacional.
Cuando el centro del sistema redescubre esa verdad, insistir en el camino inverso no es audacia refundacional: es quedarse solo, y tarde, defendiendo un dogma que sus propios creadores ya están revisando.