El decreto firmado por el Presidente pone fin al corporativismo, y le permite a la gente poder elegir libremente a qué institución de salud afiliarse sin necesidad de ninguna intermediación.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Presidente Javier Milei modifica parcialmente la Ley N° 23.660 de Obras Sociales, incluyendo un inciso que incorpora a este régimen a todas las empresas de medicina privada, de acuerdo a la definición y las potestades señaladas en la ley Ley N° 26.682.
En otras palabras, con el decreto las empresas de medicina prepaga se incorporan al mismo régimen que las OOSS, y por lo tanto podrán competir libremente sin ninguna restricción legal en favor de alguna de las dos partes. La competencia beneficia a los consumidores con bienes (medicamentos) y servicios (atención médica) de mejor calidad y a un precio más accesible.
Las prepagas podrán captar afiliados de forma directa, serán autorizadas a recibir aportes obligatorios sobre los trabajadores en relación de dependencia, los mismos aportes que hasta ahora eran obligatorios únicamente para las Obras Sociales. Este privilegio queda anulado tras el decreto, y si las OOSS pretenden mantener sus ingresos deberán ganarse el favor de los consumidores con mejores prestaciones.
La mayor parte de los privilegios sobre las Obras Sociales fueron dispuestos por el dictador Juan Carlos Onganía en los años 60s, y si bien durante los Gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa se produjeron algunos avances en materia de desregulación, muchos privilegios y tratamientos especiales lograron perdurar en el tiempo.
Con el decreto que firmó el Presidente, las prepagas deberán suscribir al llamado Fondo Solidario de Redistribución, a partir del cual se financia el pago de los tratamientos muy costosos y de alta complejidad, a modo de seguro para evitar posibles contingencias.
Asimismo, el decreto comprende la desregulación de las cuotas de las prepagas, eliminado así el decreto 743/22 que intervenía su actualización acorde al 90% del índice RIPTE para afiliados con ingresos de hasta 6 salarios mínimos. El brutal aumento de los costos, sistemáticamente por encima de los ingresos nominales, puso a estas empresas al borde del colapso, y la situación se volvió insostenible.
Se flexibilizan los requisitos para establecer precios diferenciales de acuerdo a los distintos planes prestacionales. Podrán aplicarse precios según las distintas edades de los afiliados (por una cuestión de riesgo), con una variación máxima de tres veces entre el precio de la primera y la última franja etaria.
De esta manera, la regulación sobre las prepagas vuelve a seguir estándares internacionales, como los que aplican la mayoría de los países desarrollados e incluso en la región.