La Justicia imputó al secretario de Obras Públicas de la Nación, el cordobés Martín Gill, por haber participado en una fiesta familiar que superó las 10 personas permitidas.
La decisión la tomó Juliana Companys, a cargo de la fiscalía de segundo turno de Villa María. Gill, actual intendente con uso de licencia, fue notificado en forma telefónica,. Además del funcionario, la fiscal pidió imputación para 15 personas más.
Según explicó uno de los letrados que asesora a Gill, la decisión es en base al artículo 306, que es cuando -sin haber fuerte sospecha- el fiscal imputa para permitirle al «sospechoso ingresar al proceso y defenderse».
Lo que se busca establecer es si Gill violó el artículo 205 del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Según se sabe, a comienzos de julio, Gill concurrió a una reunión familiar en Villa María sin saber – según su declaración – que era positivo de Covid-19. En ese encuentro hubo más de 10 personas (el límite establecido por la Provincia de Córdoba).
Desde el entorno de Gill, recordaron que el 15 de julio, cuando se corroboró que existía una investigación, «y sin que nadie lo notificara», el funcionario se puso a disposición de la Justicia mediante una presentación espontánea.
Además, remarcaron que ninguno de sus familiares que participó en el encuentro resultó contagiado (los 28 hisopados dieron negativo dos veces, explicaron).