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Araújo decidió no esperar a la llegada de su reemplazante -ya designado- y dimitió después de que Bolsonaro cuestionara el contrato por 7,8 millones de dólares firmado a fines del año pasado por el alquiler de vehículos destinados a los fiscales del Instituto, informó la agencia EFE.
La funcionaria rechazó de inmediato cualquier «insinuación» de irregularidad y alegó que se trataba del alquiler de 393 camionetas «ya adaptadas para actividades de fiscalización, combate incendios forestales y atención de emergencias ambientales».
«La acusación sin fundamento evidencia el completo desconocimiento de la magnitud del Ibama y de sus funciones; el valor previsto para el contrato inicialmente era muy superior al conseguido en la licitación, que atendió todas las exigencias legales», alegó la funcionaria en su renuncia.
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