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La ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes, del conservador Partido Popular (PP), fue procesada este miércoles por el delito de falsedad documental por las irregularidades en la obtención de un máster universitario, un caso que la llevó a renunciar a su cargo el pasado mes de abril.
La jueza que investiga el famoso «caso Máster», Carmen Rodríguez Medel, sostiene que las explicaciones dadas por Cifuentes, quien dijo que había realizado su trabajo final de máster y que defendió en un tribunal, «no resultan creíbles», según la resolución en la que se dicta su procesamiento.
Además, la magistrada afirma que existen indicios de que cuando se hizo pública la noticia sobre las presuntas irregularidades, Cifuentes promovió que fueran ocultadas, «haciendo exhibición pública del acta falsificada que le fue facilitada».
La magistrada también procesó al director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Enrique Álvarez Conde, quien es considerado el «cerebro» de la trama que otorgaba títulos «truchos» a políticos, y a una asesora de Cifuentes y a una profesora que firmó un acta falsa.
Cifuentes dimitió de su cargo un mes después de que estalló el escándalo al verse acorralada por la oposición, el mismo día en que un medio difundió un video en el que se la veía hurtando dos botes de crema en un supermercado de Madrid.
Posteriormente, la ex presidenta madrileña, cuyo nombre llegó a sonar como sustituta de Mariano Rajoy en el Partido Popular, también dejó su cargo como líder del PP en Madrid y su banca como diputada regional.
El caso de los títulos irregulares de la Universidad Rey Juan Carlos llegó a salpicar también al actual líder del PP, Pablo Casado, y a Carmen Montón, la ex ministra de Sanidad del socialista Pedro Sánchez.
Montón renunció a su cargo a principios de septiembre a raíz de este escándalo para no perjudicar a Sánchez, pero ahora la jueza que investiga el caso archivó la causa en su contra por ausencia de indicios penales respecto a la obtención de su título.
Por otro lado, el Tribunal Supremo rechazó investigar a Casado por las sospechas que existían sobre su título, otorgado por la misma universidad.
Aunque la jueza concluyó que existía una trama urdida por Álvarez Conde para regalar títulos a políticos, está línea de investigación no prosperó por falta de pruebas, por lo que el caso terminó avanzando en torno al delito de falsificación.
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