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El juez Sérgio Moro, quien envió a Luiz Inácio Lula da Silva a cumplir la pena de 12 años y un mes de prisión, endureció el régimen de visitas del detenido ex presidente: «Ningún privilegio será concedido. No se puede dar privilegios diferentes al resto de los condenados, también ven virtud de la organización de la repartición pública que lo aloja», dijo el juez Moro, cabeza de la operación Lava Jato.
La decisión fue en respuesta a un pedido de 9 gobernadores que se trasladaron a Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde ahora funciona el comité nacional del Partido de los Trabajadores y existe un acampe con más de 1.000 personas. Con la negativa de Moro, Lula podrá recibir a sus abogados todos los días hábiles y a sus familiares solo los miércoles.
El gobernador de Piauí, nordeste, Wellington Dias, anunció que pedirán a la corte suprema un pedido para permitir a autoridades del país tener autorización a ingresar a la sede de la Policía Federal como parte de las visitas de Lula. «Venimos a pedir la libertad de Lula, un inocente condenado sin pruebas», sostuvo el gobernador de Bahía, Rui Costa.
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