El Tribunal integrado por los jueces Angela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa resolvió, por unanimidad, calificar estos hechos ocurridos en diciembre de 1974 como delitos de lesa humanidad y rechazó los recursos interpuestos por la defensa del acusado sobre la naturaleza que tuvieron los ilícitos procesados.
“No puede tratarse de un ‘hecho aislado’, cuando las características de los sucesos que el tribunal tuvo por acreditados (el traslado por la fuerza, los allanamientos, interrogatorio bajo tortura) son similares a los juzgados en numerosos procesos como parte del plan sistemático”, sostiene la sentencia.
En ese sentido, los jueces evaluaron que los delitos perpetrados por el prefecto “acaecieron dentro de un contexto social, político, económico y jurídico, donde la mecánica del plan sistemático de represión desatado se asentó sobre condiciones de realización común en todo el territorio de la Nación”.
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